Ante el último acontecimiento político, los demócratas y los defensores de la dignidad y derechos humanos de las personas investigadas, debemos tomar una posición y hacerla pública, eligiendo entre la continuidad de seguir haciendo política caracterizada en “gobernar a través del delito”, es decir, no priorizar en políticas públicas –económicas, sociales-, lo que algunos teóricos llaman un “gobierno de penalidad”; o decidir, por el camino más difícil, asumiendo un compromiso con el desarrollo político, social y económico a través de políticas públicas concertadas y sostenibles en el tiempo, donde el eje central sea el respeto a la dignidad y derechos de la persona humana, posición más difícil, que seguramente nos va a traer más de un problema.
Pero si queremos una sociedad más justa y humana, para nuestros hijos y nietos no tenemos otra opción, que rechazar el incremento de las medidas represivas y arbitrarias, sobre todo para el oponente político, que sin duda proporciona un mayor rédito político, generando una inseguridad de que nadie, absolutamente nadie, ésta libre de ser privado de su libertad.
Basta ya, que el gobierno siga empoderando a miembros de una Institución como el Ministerio Público -el cual debe actuar fuera de toda injerencia política- , que representa la cara más dura del Estado en la aplicación de IUS PUNIENDI, donde tiene como función principal perseguir el delito -al haber claudicado con su deber de ser defensor de la legalidad-, sin importarle vulnerar la dignidad y respecto a los derechos fundamentales que tenemos todos en una democracia y Estado de Derecho como el nuestro.
Basta ya, de pedidos desproporcionados e irracionales de detenciones preliminares y prisiones preventivas para quebrar a los investigados, hasta el punto de llevarlos al suicidio.
Basta ya de detenciones preliminares y prisiones preventivas para exhibirlas como un trofeo a la “eficiencia” fiscal o judicial, cuando estos no son suficientemente capaces o eficientes para culminar con su investigación y emitir una buena acusación.
Basta ya, de tener jueces que emitan sus resoluciones para la opinión pública, pensando quizá que están en campaña electoral y que necesitan un baño de popularidad.
Basta ya, de una política de “Populismo punitivo” que tanto daño hace el Perú. Dejemos que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen sin ninguna interferencia política, y que sus actuaciones, no tengan por parte del gobierno ningún respaldo público, a favor o en contra.
Está en manos de la clase política dar leyes, que promuevan el desarrollo económico y social sostenido, y que implementen un verdadera política-criminal-penitenciaria con rostro humano –solo de abril de 2018 al enero de 2019 se ha incrementado la población penitenciaria de 105,866 a 113,460 (7,594), según datos del INPE)-, y dar leyes que sancionen ejemplarmente a fiscales y jueces que privan de la libertad a las personas, por directrices políticas, abuso de poder, miedo o presión mediática, que determinen su responsabilidad administrativa, civil y/o penal que le correspondan , que actualmente no la tienen, y que es la razón por la que gozan de impunidad para denigrar y humillar la dignidad y derechos de las personas investigadas.